El pueblo venezolano elevó su voz el 15
de diciembre de 1999, al pronunciar un rotundo SÍ a favor de la nueva
Constitución Nacional, y dar la espalda a un marco legal que tenía cuatro
décadas vigentes. La decisión marcó un hito en el sector telecomunicaciones, ya
que la Carta Magna declara como áreas de interés público a la ciencia, la
tecnología, la innovación, sus aplicaciones y servicios de información, por
considerarlas fundamentales para el desarrollo económico, social y político, la
seguridad y la soberanía nacional.
Ese año, 1999, fue punta de lanza para el
nacimiento de un nuevo marco regulatorio que satisficiera las necesidades
reales del pueblo venezolano en materia tecnológica y garantizara su derecho a
la comunicación. La primera decisión fue promulgar la Ley de Simplificación de
Trámites Administrativos, el 22 de octubre de 1999, que estableció el resideño
de los trámites que prestan los entes públicos, utilizando al máximo los
elementos tecnológicos a su disposición. Desde entonces no cesan las acciones
gubernamentales para fortalecer el Poder Popular en el área técnica.
Ese mismo
año, el Gobierno Bolivariano decidió reformar la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones (Lotel), que databa de 1940, e instaurar una normativa
acorde a las necesidades del sector. “Antes de la promulgación de la Lotel del
año 2000, contábamos con un ordenamiento jurídico de extrema longevidad que no
se adecuaba a la realidad del desarrollo tecnológico que se gestaba en
Venezuela”, explicó la jefa de la División de Reglamentos, Normas y Modelos de
Conatel, Gerlys Velásquez. Para Velásquez, esta norma constituyó un marco legal
moderno, favorable a la protección de los usuarios, usuarias y operadores de
los servicios de telecomunicaciones, en un ambiente de libre competencia. Además,
“consagró los principios que rigen el sector tecnológico y la realización de
actividades económicas necesarias para su desarrollo”
Autor: Victor Colmenares
Autor: Victor Colmenares
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